(Publicado en prensa a través de la agencia Colpisa)
La cadena de sobresaltos que soportamos
en estos días ha solapado la situación política andaluza resultante de las
elecciones que se celebraron hace apenas dos semanas.
Moreno
Bonilla, a fecha de hoy, ni siquiera ha llamado al líder regional de Vox para
tantear sus intenciones con respecto a una investidura, aunque doy por hecho
que al presidente en funciones no le hace falta una bola de cristal para
adivinarlas: acordar a cara de perro un Gobierno de coalición, hacer inviable la
gobernabilidad mediante exigencias inasumibles, convertir a su socio
mayoritario en enemigo irreconciliable y procurar imponer su discurso minoritario
como hegemónico.
Lo previsible,
en fin, en la formación ultraderechista: la lealtad inquebrantable al concepto
esotérico de “patria”, como ente de condición casi teológica, y el desprecio a
lo que piensen, deseen o voten quienes no piensen como ellos, quienes no deseen
el país que ellos desean y quienes no les voten.
Moreno
Bonilla pretenderá convencer a los subpatriotas andaluces de Vox –entiéndase:
andaluces, aunque sin por ello dejar de ser españoles prioritarios- de que se
abstengan en la sesión de investidura para que él pueda formar un Gobierno en
solitario y en minoría, consciente de que esa fragilidad le supondría experimentar
el infierno en vida, pues, a diferencia del Gobierno central, no dispone de
elementos de trueque para ganarse el favor interesado del resto de formaciones,
y confiar a estas alturas en que los partidos políticos actúen más en beneficio
de los interés generales que en beneficio propio es un grado de ingenuidad que
suele rebajarse aceleradamente en cuanto un ciudadano hasta entonces más o
menos anónimo decide dedicarse a esas actividades tan variadas como
filantrópicas a las que se dedican los políticos, así sea a nivel de mero
concejal de la oposición.
¿Algún
ejemplo? Sí: el PSOE, tras conocerse el resultado electoral, se apresuró a
dejar claro que de ninguna manera se abstendría en una sesión de investidura,
abriendo así la puerta del Gobierno andaluz a la ultraderecha, desde el
principio moral insobornable de que un partido debe priorizar sus intereses
estratégicos aun a costa del perjuicio que esos intereses puedan ocasionar no
ya solo a la gente, sino también al propio sistema democrático.
Pasa como en esas historias de
terror en que, disfrazado de otra cosa, el demonio –o un ente similar- pide que
le franqueen el acceso a una vivienda y, una vez conseguido el consentimiento,
ya no hay quien lo eche de allí, dedicado alegremente a idear fechorías.
PP y PSOE han decidido comportarse en público como
hutus y tutsis, sobreactuando en los espacios parlamentarios y estableciendo
entre ellos una competición sobre acusaciones de corrupción, lo que no parece
demasiado prudente para ninguna de las partes, ya que esa competición siempre
la ganará un tercero.
Mientras
tanto, los ajenos a ese grotesco psicodrama esperamos con menos resignación que
preocupación un más que probable Gobierno autonómico acogido a ese mecanismo
perverso que, a nivel alarmantemente global, intenta valerse de la democracia
para promover el retroceso democrático.
El demonio tiene
ya la puerta entreabierta. Si finalmente consigue cruzarla, el PP no será el
único culpable.
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