En este siglo XXI, cualquier
institución monárquica tiene un problema primario: mantener su credibilidad
-desde su anacronismo intrínseco- como tal institución. Es decir, procurar que una
sociedad que se ha habituado a regirse por mecanismos democráticos -ya sea para
constituir el Congreso o para llegar a un acuerdo en una reunión de vecinos-
admita la legitimidad de la sucesión dinástica como el sustento constitucional
de la jefatura del Estado.
Hasta ahora,
ese pacto ficcional se ha mantenido en España tanto por el apoyo activo de los
monárquicos como por la renuncia pasiva de los republicanos. En los tiempos de
la Transición, se convino aceptar la fórmula de la monarquía parlamentaria como
una especie de elemento de permanencia frente a la volubilidad gubernamental, desde
la convicción de que un país que salía de una larga dictadura necesitaba un
referente de estabilidad frente a los vaivenes electorales.
La
fórmula tuvo éxito, hasta el punto de que el cuestionamiento de la monarquía se
ha convertido en tabú incluso para partidos de base republicana como el PSOE.
Hoy por hoy, algunos han roto ese tabú, y lo han hecho en un momento que es el
más adecuado y a la vez el más inadecuado de todos los posibles. Es el momento
adecuado porque las sospechas de enriquecimiento anómalo que recaen sobre el
rey emérito traspasan la suposición para invadir el terreno de la evidencia, lo
que fragiliza la institución monárquica hasta extremos potencialmente
destructivos e irredimibles, y es el más inadecuado porque el país se enfrenta a una crisis socioeconómica
severa a la que no parece conveniente sumar una crisis de simbología, ya que
los símbolos, por raro que parezca, tienen efectos políticos más poderosos que
los que cabría atribuir a una sugestión colectiva como lo es, a fin de cuentas,
el acatamiento de que la figura del jefe del Estado no esté sujeta a la
decisión popular, sino a los azares hereditarios.
A
falta de las conclusiones a que llegue la administración de justicia –sin duda
más por vía suiza que española-, la figura del rey emérito se nos presenta de
momento bipolarizada: una especie de Jekyll y Hyde. Hay quien ensalza sus
méritos tanto políticos como diplomáticos durante su reinado, aunque queda la
duda de que una figura de esencia simbólica pueda permitirse la dualidad: un
símbolo puede ser ambivalente, pero no debe ser contradictorio. Aparte de eso,
la moral no es fraccionable.
Felipe
VI no sólo ha heredado una corona de oro, sino también una corona de espinas.
Si no logra deshacerse de la segunda, es posible que, tarde o temprano, se vea
obligado a renunciar a la otra.
Pero ninguna
de las dos opciones depende de él: un símbolo soporta cualquier cosa, salvo la
realidad.
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