(El artículo que publiqué el sábado en la prensa.)
La frutera del barrio comenta que
apenas gana unos céntimos con la venta de un kilo de sus productos, que tiene
que levantarse a las cinco de la mañana para ir a la lonja, que en verano la
mercancía se le estropea de un día para otro, pues el precio de la luz le
impide tener una cámara frigorífica. (Mientras tanto, sus señorías aprueban una
partida presupuestaria para renovar sus dispositivos móviles.) El peluquero del
barrio se queja de que el alquiler de su local esté gravado con el 21% de IVA,
en tanto que el dueño del local se queja de tener que tributar, en concepto de
IRPF, el 19% de su importe, cargas invariables así se trate de una oficina de 500 metros cuadrados
en el centro de Sevilla o de un kiosco de cuatro metros cuadrados en un
suburbio de Ponferrada. (Mientras tanto, sus señorías extenderán la mano para
cobrar sus dietas de alojamiento: 1.921 euros al mes si viven fuera de Madrid y
917 si residen habitualmente en la capital. Para que el alojamiento resulte más
confortable, en ambos casos se trata de cantidades exentas de tributación.)
El estanquero
del barrio coge cada mañana un autobús para ir de su casa a su comercio, gasto
que no le cuenta como desgravable, por la insensatez que implica el vivir lejos
del lugar de trabajo. (Mientras tanto, nuestras señorías, en caso de no
disponer de coche oficial, cuentan con un bono anual de 3.000 euros para
taxis.)
El barrendero
del barrio está contento con la subida del salario mínimo: va a cobrar 900
euros al mes. (Y va a ganarlos gracias a la gestión de unas personas que pueden
ganar casi 88.000 euros anuales para que el barrendero pueda ganar 900 euros
mensuales.) El parado del barrio está casi tan contento como el barrendero del
barrio: va a entrar en una bolsa de trabajo durante seis meses, antes de
recuperar su condición de parado de larga duración. (Mientras tanto, un
ministro saliente, así salga por pies a causa de un escándalo, cobra 4.700 euros
mensuales durante tres meses.)
Tras tener colgado durante más de un año el
cartel de SE ALQUILA en su piso del barrio, la anciana que se fue a vivir a una
residencia decidió rebajar el precio para no tenerlo vacío y para que le
rentase algo que complementara su pensión de viudedad, por poco que fuese. (Mientras
tanto, en una oficina lejana, un técnico de Hacienda, ante un plano virtual del
catastro, está redactando un informe en el que da por hecho que se trata de un
precio doloso, al estar por debajo de los precios de mercado que fijan los
parámetros oficiales para nuestro barrio, y reclamará a la viuda una
tributación complementaria, con el posible añadido de una sanción por fraude.)
Y
es que los barrios tienen ese defecto: el de estar sujetos a la realidad. Sin
fantasías. Al precio justo.
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario