PRESENTE DE SUBJUNTIVO

El gran problema de la política no es la política en sí, sino la necesidad que tiene la política de dejar de ser una abstracción ideológica –o una de esas fantasías que se incorporan a los programas electorales- para convertirse en una estrategia de gestión desarrollada por unos entes de carne y hueso que deciden sacrificarse por el bien común.

El ministro Ábalos, por ejemplo, no desvelará nunca qué hacía de madrugada en un aeropuerto ejerciendo labores de vigilancia policial de una mandataria extranjera, pero ha dejado muy clara su vocación: “Vine para quedarme y no me echa nadie”. Por si había dudas de la firmeza de su propósito, lo dijo como si mordiera un puro en la barra de un saloon del Lejano Oeste. Y sí, es posible que no lo eche nadie, porque incluso si lo echaran los votantes, seguro que encontraría un hueco laboral en la diversificada industria de la política, por esa capacidad que tienen los partidos de convertirse en una agencia de colocación para descolocados, pero es posible que un político con vocación de perpetuidad como tal político haría mejor en no alardear de su profesionalización vitalicia como benefactor de la sociedad, en especial si se trata de una sociedad en la que abundan el paro y el empleo precario.

         Por su parte, el presidente Torra ha decidido marcharse antes de que lo echen, tras dar por quebrada la fraternidad patriótica que cohesionaba a la izquierda y a la derecha en un ideal superior: la república catalana, esa entelequia que va camino de convertirse menos en un ensueño catalán que en una pesadilla gubernamental para Sánchez, quien no sólo está dispuesto a reconocer la existencia de un conflicto político en Cataluña, según exigen los creadores del conflicto, sino que, a este paso, también puede acabar reconociendo la existencia de un conflicto psicológico paralelo. El sueño que no le quitó su ahora vicepresidente puede robárselo Junqueras con su discurso de fraile laico y con su aura trágica de conde de Montecristo. ¿Diálogo? Sí, pero el guion parece previsible: referéndum y amnistía a cambio de presupuestos y de gobernabilidad.

         En cuanto a desjudicializar el conflicto, ¿de qué hablamos? Sin ir más lejos, la vía judicial –con todas sus carencias y arbitrariedades- está empezando a servir de parapeto contra el discurso retrofranquista de la ultraderecha: la libertad de expresión no es sinónimo de impunidad de expresión, de igual modo que la libertad de pensamiento no siempre conlleva la libertad de actuación. Desjudicializar las acciones de los políticos no sólo rompería nuestro frágil y sospechoso equilibrio de poderes, sino que haría trizas el contrato social más básico, que no es otro que el de la preservación de una legalidad consensuadamente alterable, pero individualmente inviolable.

Se mantiene, en fin, la expectación.

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