lunes, 10 de junio de 2019

ALGUNOS PARÉNTESIS



(El artículo que publiqué el sábado en la prensa.)


La frutera del barrio comenta que apenas gana unos céntimos con la venta de un kilo de sus productos, que tiene que levantarse a las cinco de la mañana para ir a la lonja, que en verano la mercancía se le estropea de un día para otro, pues el precio de la luz le impide tener una cámara frigorífica. (Mientras tanto, sus señorías aprueban una partida presupuestaria para renovar sus dispositivos móviles.) El peluquero del barrio se queja de que el alquiler de su local esté gravado con el 21% de IVA, en tanto que el dueño del local se queja de tener que tributar, en concepto de IRPF, el 19% de su importe, cargas invariables así se trate de una oficina de 500 metros cuadrados en el centro de Sevilla o de un kiosco de cuatro metros cuadrados en un suburbio de Ponferrada. (Mientras tanto, sus señorías extenderán la mano para cobrar sus dietas de alojamiento: 1.921 euros al mes si viven fuera de Madrid y 917 si residen habitualmente en la capital. Para que el alojamiento resulte más confortable, en ambos casos se trata de cantidades exentas de tributación.) 

           El estanquero del barrio coge cada mañana un autobús para ir de su casa a su comercio, gasto que no le cuenta como desgravable, por la insensatez que implica el vivir lejos del lugar de trabajo. (Mientras tanto, nuestras señorías, en caso de no disponer de coche oficial, cuentan con un bono anual de 3.000 euros para taxis.) 

El barrendero del barrio está contento con la subida del salario mínimo: va a cobrar 900 euros al mes. (Y va a ganarlos gracias a la gestión de unas personas que pueden ganar casi 88.000 euros anuales para que el barrendero pueda ganar 900 euros mensuales.) El parado del barrio está casi tan contento como el barrendero del barrio: va a entrar en una bolsa de trabajo durante seis meses, antes de recuperar su condición de parado de larga duración. (Mientras tanto, un ministro saliente, así salga por pies a causa de un escándalo, cobra 4.700 euros mensuales durante tres meses.) 

Tras tener colgado durante más de un año el cartel de SE ALQUILA en su piso del barrio, la anciana que se fue a vivir a una residencia decidió rebajar el precio para no tenerlo vacío y para que le rentase algo que complementara su pensión de viudedad, por poco que fuese. (Mientras tanto, en una oficina lejana, un técnico de Hacienda, ante un plano virtual del catastro, está redactando un informe en el que da por hecho que se trata de un precio doloso, al estar por debajo de los precios de mercado que fijan los parámetros oficiales para nuestro barrio, y reclamará a la viuda una tributación complementaria, con el posible añadido de una sanción por fraude.) 

            Y es que los barrios tienen ese defecto: el de estar sujetos a la realidad. Sin fantasías. Al precio justo.

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